Empresa minera Pacific Rim atorada en una pelea observada muy de cerca contra El Salvador
JEFF GRAY - LAW REPORTER
Martes 18 de junio, 2012, 7:23 PM EDT
Tom Shrake, el veterano estadounidense de la industria minera, quien lidera la empresa minera Pacific Rim Mining con sede en Vancouver, no es nada menos que un optimista.
Sus problemas nunca terminan: Su personal en El Salvador ha enfrentado intimidación a punta de pistola por parte de opositores locales a su propuesta de mina. Grupos opositores a la minería han acusado a su empresa de involucrarse en los asesinatos de activistas locales, alegatos que él niega con vehemencia y dice no están fundamentados en pruebas.
El gobierno del pequeño y empobrecido país ha decidido impedir toda la minería dentro del territorio nacional de El Salvador por miedo de que un accidente pueda contaminar la fuente de agua del país. Pero Shrake dice estar comprometido con sacar oro y sostiene él, sacar a la población local del norte de El Salvador de la pobreza.
Este mes, recibió luz verde de un tribunal de inversiones del Banco Mundial en Washington para seguir luchando para llevar a cabo su plan - un conflicto observado atentamente por la industria minera, abogados internacionales de inversiones, y activistas contra la minería.
“No queremos acudir a los tribunales. Nunca quisimos acudir a los tribunales…pero no nos dejaron otra opción” dijo Shrake durante una entrevista en Reno, Nevada, donde trabaja.
Es en Washington, lejos de la precaria política de Centroamérica, donde Pacific Rim ha lanzado la controversial medida de llevar el litigio contra el gobierno de El Salvador frente un panel de árbitros. Una práctica creciente en un mundo donde inversionistas extranjeros buscan cada vez más resolver conflictos ante paneles supuestamente neutrales en vez de apostarle a las cortes nacionales.
Pacific Rim está confrontando la decisión del gobierno de no otorgar permisos a un proyecto de minería de oro llamado El Dorado. Esta “progresiva expropiación” alega la empresa, no ha dejado nada de los $77 millones invertidos. Está demandando cientos de millones en recompensa.
En una muy esperada decisión preliminar del 1 de junio, el tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), botó el intento de Pacific Rim de utilizar una subsidiaria estadounidense para demandar reparaciones amparadándose en el Tratado de Libre Comercio entre los EEUU y Centroamérica (CAFTA). Sin embargo, dictaminó que el caso de la empresa contra El Salvador puede seguir bajo la ley nacional de inversiones, la cual permite que litigios de inversionistas extranjeros se remitan a tribunales arbitrales.
Desde que empezó el litigio, Pacific Rim ha reducido drásticamente sus operaciones y ha visto sus acciones desplomarse.
Shrake atribuye la oposición que su mina ha enfrentado a “forajidas” organizaciones no-gubernamentales, incluyendo a Oxfam América, a quien él acusa de respaldar a grupos locales que han utilizado amenazas e intimidación. Un vocero de Oxfam America negó que hayan apoyado o promovido cualquier forma de violencia.
Shrake afirma que la acusación de que su mina pone en peligro un río clave no tiene fundamento. Los diseños de las instalaciones de la empresa incluyen protecciones ambientales del estado del arte y el uso del cianuro de la mina tendría las últimas garantías de protección, como una piscina forrada que pretende detener cualquier fuga, dijo.
Luis Parada, ex-diplomático salvadoreño quien ahora es abogado en el bufete Foley Hoag LLP, con sede en Washington, y que está actuando para el país en su disputa con Pacific Rim, dijo que el gobierno tiene el derecho a decir no.
“Existen preocupaciones ambientales legitimas,” dijo Sr. Parada, resaltando que el país es vulnerable frente los terremotos y derrumbes y que cualquier contaminación sería un “potencial desastre” para la fuente de agua del país.
El Salvador alega que Pacific Rim no es propietario de todo el terreno, ni tiene la autorización necesaria de los dueños para su permiso de minería. La empresa dice que ha asegurado las autorizaciones requeridos de los dueños de tierra.
El Salvador, además, acusó a Pacific Rim de un “abuso del proceso” al trasladar su subsidiaria de las Islas Caimanes a los Estados Unidos en parte para aprovechar las provisiones del acuerdo de CAFTA, el cual no incluye Canadá.
Abogados de la Calle Bay quienes ven el número creciente de litigios entre países e inversionistas dice que empresas como Pacific Rim han intentado ser creativos al mover o establecer sus subsidiarias por anticipado para asegurar que puedieran gozar de estos acuerdos comerciales. Sin embargo, en este caso, el intento de Pacific Rim de ampararse en CAFTA fracasó.
Mientras Canadá firma más acuerdos con protecciones para sus inversionistas y sus empresas mineras siguen buscando minerales por todo el mundo, se mantiene a la expectativa que más y más litigios se lleven a este tipo de tribunal. Los críticos dicen que estos tribunales constriñen injustamente a los gobiernos.
A pesar de todo lo que ha pasado, Shrake dice que no quiere ganar dinero a El Salvador: Él quiere los permisos para instalar su mina, la cual sostiene que daría empleo a 700 personas, y ser el contribuidor más grande de impuestos en el país.
“No soy resentido. Yo quiero al pueblo de El Salvador. He trabajado en siete países diferentes y ellos son el pueblo más trabajador que he visto en mi vida. Merecen algo mejor.”